SCJ impone cinco años de prisión a Rosa Amalia Pilarte y ordena decomiso de sus bienes

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) impuso una condena de cinco años de prisión Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos de una red dedicada al narcotráfico.

Pilarte, quien termina su período como diputada el próximo 16 de agosto, cumplirá la condena en el Centro Correccional Rafey Mujeres.

La Segunda Sala de la SCJ también ordenó el decomiso de bienes contra Pilarte, quien fue juzgada en una jurisdicción especial por su condición de legisladora de la República Dominicana.

La acusada también fue condenado al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público.

El Ministerio Público había solicitado una condena de 10 años, y el tribunal ordenó el decomiso de varias porciones de terrenos y de locales comerciales ubicados, principalmente, en La Vega y uno de ellos en el municipio de Jarabacoa, perteneciente a esa provincia.

“Vamos a apelar, por supuesto que sí, la sentencia no es ejecutoria (…) no estamos de acuerdo con este fallo, porque el Ministerio Público no estableció ninguna prueba sobre ningún delito, por lo cual recurriremos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia”, dijo el abogado de Pilarte, Amado Gómez.

Reiteró que la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia no puede ser ejecutada de inmediato porque su defendida tiene derecho a recurrir el fallo.

En eso coincidió el representante del Ministerio Público, Pedro Amador, quien dijo que la defensa tiene el derecho de recurrir la sentencia, sin embargo, opinó que la Suprema ha actuado conforme a la ley.

“Las pruebas presentadas por el Ministerio Público han sido valoradas a unanimidad por los miembros de la Sala. Hay una sentencia condenatoria”, refirió el letrado.

En ese sentido, dijo creer que la Suprema Corte de Justicia confirmará la sentencia ante las “sólidas pruebas” que aportó el órgano acusador.

El esposo de la diputada también está acusado de lavado de activos y de narcotráfico y es juzgado junto a otras personas en los tribunales de La Vega, donde residen, al igual que Pilarte.

De acuerdo con la acusación, la diputada se prestó a colocar en el mercado financiero más de 4,451 millones de pesos provenientes de actividades del narcotráfico de la red que encabezaba su pareja y no ha podido justificar la integración de esa cantidad de dinero a la economía dominicana.

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